Día por Día

02-01-2021  |  Formosa

:  EX JUECES DE L TSJ RECHAZARON ACUSACIONES Y RECURRIRAN PROCESAMIENTO DE LA JUEZA LOPEZ PACE



Sergio Alfredo Martínez, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey,jueces del TSJ de Formosa, durante la dictadura militar de los 70,rechazaron en forma conjunta y mediante documento público las acusaciones en su contra en el reciente fallo de la Justicia Federal, consideraron necesario “responder a los agravios injustificados”, en defensa de su “inocencia”, manifestaron.


      
La jueza Federal de Formosa N° 2 María Belén López Macé dictó el procesamiento sin prisión preventiva a Vázquez Rey, Montoya y Martínez, como autores de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. También trabó embargo sobre los bienes de los acusados por la suma de 10 millones de pesos, prohibiéndoles además a los tres la salida del país, fundada en "la teoria de los roles", en la que los civiles que cumplieron funciones en el gobierno de la dictadura son cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la misma.

El caso tiene que ver con la detención y la desaparición de jueces y empleados del Poder Judicial de la Provincia entre los años 1976 y 1977. Se los acusa de complicidad con tales actos por “la inacción y la desidia con que actuaron”.

“Hasta creímos que se trataba de una broma por el día de los inocentes”, manifestó desafortunadamente Sergio Martínez, al hacer conocer la sorpresa que sintieron cuando leyeron en los medios la noticia de sus procesamientos.

Adelantó que recirrirán, dada la feria judicial, la mediad en el mes de febrero, ante la Cámara Federal de Resistencia.

Martínez dijo que Williams Dardo Caraballo, querellante en la causa, no dice la verdad y sus afirmaciones no son ciertas, cuando los acusa de “las dilaciones” en el avance de la causa en la Justicia Federal. “La demora en el trámite judicial no es nuestra responsabilidad, puesto que luego de muchos pedidos para acceder al expediente nos dieron intervención 10 años después de que se iniciara la causa”.“No teníamos acceso al expediente”, y recordó que acudieron al Consejo de la Magistratura de la Nación “para plantear nuestra situación de indefensión”.

Los exministros del STJ señalan en su documento que “Adriano Acosta fue apresado por violación de la ley 20.840, sancionada por el Congreso de la Nación el 28-09-1974. Esa ley pretendía poner freno a la propagación de la subversión que asolaba al país y al orden constitucional, una de cuyas acciones fue el ataque guerrillero del 5 de octubre de 1975 al Regimiento de Monte 29 de nuestra ciudad”.

Recordaron que “quien lo apresó a Acosta fue el área militar, a cargo de la represión desatada a partir del 24-03-76. Aquella ley establecía la competencia federal para el juzgamiento a sus transgresiones y prohibía conceder la excarcelación”.

Afirmaron que “pretender que la Justicia provincial a nuestro cargo controlase de alguna manera los actos o lo que ocurría en el área militar suena como un craso error. Craso error en que incurre el fallo que censuramos, que no ha tenido en cuenta las normas constitucionales y legales que regulen la competencia de la actividad judicial”, afirmaron.

Martínez, Montoya y Vázquez Rey aseguraron: “Nunca, entiéndase bien, nunca, antes ni ahora, la competencia de la Justicia provincial alcanzó el área militar”. Como un “burdo ejemplo”, pidieron imaginar “a jueces provinciales, sin intervención de la Justicia Federal, allanando un regimiento militar para controlar su actividad. Es un absurdo enorme que basta por sí solo para demostrar nuestra inocencia. ¿O es que puede conjeturarse que debimos convertirnos en una especie de “Rambo” saliendo, armas en ristre, a defender y liberar a detenidos dentro del RIMte 29?”, se preguntaron, con cierta pobreza argumental.

Los exmiembros del STJ consideraron que fallo resulta, además, “apresurado, porque no estaba en condiciones de emitirse el procesamiento; y arbitrario, por seleccionar solamente elementos de cargo, soslayando los argumentos y pruebas de descargo, entre otras, las acompañadas a la presentación espontánea del 2 de marzo de 2007, demostrativas de la corrección de nuestro desempeño al frente del Poder Judicial”.

“Lamentablemente -añadieron-, cuando se encuentra la invocación de supuestas violaciones a los derechos humanos, los dichos de los imputados se convierten en campanas que suenan como palo”.

También negaron las acusaciones de “encubrimiento”, al asegurar que “desconocíamos totalmente la actividad cumplida en el área militar, salvo cuando a nuestro pedido, nos informaban de quienes estaban detenidos”.

En este punto, manifiestan que les llama la atención que el fallo no evalúe la situación institucional de aquella época, “donde se ocultaban los abusos de la represión y donde, desde la cumbre del poder, según lo expresara el fallo que condenara a los miembros de la Junta Militar: se procuró ocultar lo que ocurría, mintiendo a los jueces, a los familiares de las víctimas, a entidades nacionales y extranjeras, engañando a la comunidad toda”.

Los tres exministros de la corte provincial también expresaron su sorpresa “de que nos hayan elegido para enrostrarnos imputaciones urdidas, cuando las responsabilidades evidente e indudables se localizaban en el ámbito castrense, sujeto, solamente, al control de la Justicia Federal”.

“Carecíamos absolutamente de competencia para controlar esa actividad. Los habeas corpus, por esos hechos, se planteaban, todos, ante la Justicia Federal, donde se decidían. ¿Cómo podíamos, entonces, perjudicar a Acosta? ¿No se advirtió esa circunstancia al fijar el monto del embargo en diez millones de pesos para cada uno de nosotros? Hasta pensamos que se confundieron de imputados, porque no fuimos ni somos Lázaro Báez ni Cristóbal López”, remarcaron.

“Alguna vez lo dijimos y ahora lo repetimos: en el ejercicio de la magistratura judicial, en el de la profesión de abogado y en nuestra vida personal, siempre hicimos un culto del vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno los que por derecho le corresponde”, concluyen Martínez, Montoya y Vázquez Rey.






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